Política de Drogas

¿Por qué necesitamos una reforma de la política de drogas?

Las políticas actuales en materia de drogas se basan principalmente en la criminalización y la represión, que han demostrado ser ineficaces para lograr sus objetivos declarados de reducir el consumo de drogas y el acceso a las mismas.

El mismo informe también muestra otro aspecto clave que las actuales políticas de drogas ignoran: la mayoría de las personas que consumen sustancias, estén éstas reguladas o no, no desarrollan un patrón de consumo problemático y, por tanto, no constituyen una carga para los recursos sanitarios o la seguridad pública. En los casos de consumo problemático, el enfoque tradicional de las medidas punitivas no trata el problema de raíz, sino que se limita a imponer castigos al individuo, lo que provoca problemas personales y sociales duraderos en lugar de resolverlos. Tener antecedentes penales limita enormemente las oportunidades de empleo, vivienda y educación, por lo que puede perpetuar un ciclo delictivo y aumentar la probabilidad de reincidencia. Por lo tanto, es vital tratar a las personas con patrones problemáticos de consumo de sustancias desde una perspectiva de salud pública y no de criminalización. Esto implica proporcionar acceso a tratamientos adecuados, programas de reducción de daños y apoyo social, al tiempo que se promueve la inclusión y se reduce el estigma asociado a la adicción y al consumo de drogas.

La ineficacia de la prohibición de las drogas también queda demostrada por su fracaso a la hora de reducir la oferta de drogas. A pesar de la enorme inversión de recursos para intentar erradicar la producción y el tráfico de drogas, en la actualidad existe una variedad de drogas mucho mayor que nunca en la historia, más baratas y más fáciles de conseguir. Además de no lograr sus objetivos, la política de prohibición de las drogas ha provocado gravísimos problemas de salud y seguridad públicas, así como violaciones de los derechos humanos. En realidad, la llamada "guerra contra las drogas" es una guerra contra las personas, especialmente contra las más desfavorecidas y vulnerables de la sociedad.

De hecho, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reconoce una serie de "consecuencias imprevistas" en su Informe Mundial sobre las Drogas 2008, como la creación de un enorme mercado delictivo, el desplazamiento y tránsito de la producción a nuevas zonas, el desvío de recursos sanitarios a la aplicación de la ley, la aparición de drogas más peligrosas que sustituyen a las antiguas y la estigmatización y marginación de las personas que consumen drogas.

A la luz de estas realidades, cada vez son más las voces que denuncian el fracaso sistémico de la "guerra contra las drogas", que lejos de proteger la salud pública ha provocado un gran daño a las personas que usan drogas (PUD), a sus familias y a la sociedad en general. De hecho, las organizaciones de reducción de daños, como los programas de intercambio de agujas o los servicios de control de drogas, surgieron precisamente como respuesta a los daños causados por la prohibición.

El fracaso del paradigma penal es evidente en todos los aspectos, lo que ha llevado a muchos países y regiones a adoptar un nuevo enfoque en los últimos años, siendo pioneros en nuevas alternativas como la despenalización de sustancias controladas o la regulación del cannabis. En lo que respecta al cannabis, a día de hoy en América, Uruguay, Canadá y más de veinte estados en EEUU han empleado modelos de regulación. Países como Malta o Alemania en la Unión Europea, también han optado por la regulación. Al mismo tiempo, muchos otros países reconocen que el sistema actual no funciona e, inspirados por otros éxitos de regulación en otros países, reconocen que el cambio es posible y necesario.

¿Qué deben tener en cuenta la reforma de las políticas de drogas?

En Kykeon Analytics estamos comprometidos con la política de drogas con los siguientes pilares:

• Derechos humanos: Una política sobre drogas que respete y proteja los derechos de todas las personas, incluidos los derechos de quienes consumen drogas, y que esté en consonancia con el principio de igualdad, la ausencia de discriminación, el derecho a la intimidad, el derecho a la salud y el acceso a la justicia.
• Pruebas científicas: Como cualquier otra política pública, la de drogas debe basarse en pruebas científicas y no en prejuicios ideológicos, estereotipos u otras suposiciones infundadas.
• Salud pública: Las personas que desarrollan un patrón de consumo problemático necesitan ayuda y apoyo, no ser enviadas a prisión. Por lo tanto, las políticas deberían priorizar la salud y el bienestar de las PWUD en lugar de centrarse en su criminalización, represión y castigo.
• Justicia social: La política de drogas debe tener en cuenta las desigualdades sociales, así como el impacto negativo que la guerra contra las drogas ha tenido en las comunidades marginadas. Debe prestarse especial atención a las necesidades de las poblaciones con bajos ingresos, las minorías raciales y étnicas, las comunidades LGBTQ+, así como a todas las demás poblaciones vulnerables e históricamente excluidas.
• Participación y capacitación de la comunidad: La política de drogas debe implicar a un amplio espectro de voces en su diseño y aplicación, especialmente las de las PWUD. Además, debe capacitarse a las PWUD para que tomen decisiones informadas sobre las drogas y su consumo y para que puedan participar plenamente en la sociedad.
• Desarrollo sostenible: Las políticas de drogas deben abarcar tanto el uso responsable y sostenible de los recursos naturales como el fomento del desarrollo económico y social de las comunidades que tradicionalmente se han visto afectadas por la guerra contra las drogas. 

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Núria Calzada / ncalzada@kykeonanalytics.com